(Cabe mencionar que por acuerdo de la Mesa Directiva, los puntos de
acuerdo fueron presentados en una sola intervención desde el escaño, esto con el fin de agilizar los trabajos legislativo)
Discurso
El 14 de diciembre de 1990 la Asamblea General de
las Naciones Unidas designó el 1º de octubre como Día Internacional de las
Personas de Edad, el cual se conmemora anualmente y tiene como objetivo
reconocer la contribución de las personas adultas mayores al desarrollo
económico y social, así como resaltar las oportunidades y los retos asociados
al envejecimiento demográfico.
Las
personas adultas mayores se enfrentan a diversas problemáticas en virtud de su
especial condición y por las barreras sociales, tales como discapacidad, falta
de oportunidades laborales y carencia de servicios de salud entre otros.
Por
ejemplo, el tema de discapacidad se plantea como una condición de vida más
latente de presentarse en el futuro. Ello debido, por un lado, a que la
población está envejeciendo y el riesgo de adquirir alguna discapacidad se
incrementa y, por el otro, a que el aumento mundial de enfermedades crónico
degenerativas pueden derivar en una alta probabilidad de ocasionar alguna
discapacidad.
En el
ámbito laboral, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE),
durante el segundo trimestre de 2012 la tasa de participación económica de la
población de 60 años y más es de 34.9 por ciento y su comportamiento por edad y
sexo indica que disminuye conforme avanza la edad.
En el
tema de pobreza de acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política
de Desarrollo Social (CONEVAL), en 2010 se estimó que 1.3 millones de personas
adultas mayores se encuentran en pobreza multidimensional.
En el
plano internacional, la perspectiva de velar y proteger los derechos de las
personas adultas mayores a través de instrumentos, normas y lineamientos no es el
óptimo, contrario a lo que acontece con otros grupos considerados en situación
de vulnerabilidad como niñas y niños, personas con discapacidad o mujeres
víctimas de trata y violencia, en el caso de las personas adultas mayores sólo
existen algunas conferencias que mencionan una serie de principios y
lineamientos sobre la perspectiva de las políticas públicas y su debida
atención, documentos que no son vinculantes y su obligatoriedad y fuerza se
basa en el aspecto moral y político de los Estados.
Senadoras y Senadores:
En el
marco del Día Internacional de las Personas de
Edad cuyo tema es “El futuro que
queremos: lo que dicen las personas mayores” y en virtud de las situaciones
actuales que enfrentan, estamos convencidos de que México debe seguir a la vanguardia impulsando la
creación de importantes tratados sobre Derechos Humanos en materia de personas
adultas mayores, que los ubiquen como sujetos de derechos y con ello dejar de
formar parte del concepto de grupos vulnerables, resultando vital tomar en
cuenta la diversidad que existe dentro de este grupo para legislarlo y no
cometer el error de considerarlo homogéneo.
Por ello, consideramos necesaria la creación de una
Convención amplia e integral que además de establecer medidas tendientes a la
protección de los derechos de las personas adultas mayores, dicte como algunos
de sus principios: la independencia, atención, dignidad y participación e integre
las directrices internacionales en materia de envejecimiento mediante una
política basada en la creación de un entorno económico, político, social,
cultural y jurídico para las personas adultas mayores, fomentando su autorrealización.
Es por lo anteriormente expuesto que me permito
invitarlos a sumarse a este Punto de Acuerdo que tiene como finalidad exhortar
respetuosamente al Ejecutivo Federal para que
analice la pertinencia de solicitar y promover ante la Organización de las
Naciones Unidas (ONU) la elaboración de una Convención amplia e integral en
materia de derechos humanos a favor de las personas adultas mayores.
Por su atención, muchas gracias.
Proposición
SEN. RAUL CERVANTES
ANDRADE
PRESIDENTE DE LA MESA
DIRECTIVA
SENADO DE LA REPÚBLICA
P R E S E N T E
HILDA ESTHELA FLORES
ESCALERA, Senadora de la República de la LXII Legislatura al
Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario
Institucional, con fundamento en lo dispuesto en el numeral 1, fracción II, del
artículo 8, 276 y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República,
presento ante esta Soberanía una Proposición con Punto de Acuerdo al tenor de
las siguientes:
CONSIDERACIONES:
1. El 14 de diciembre de
1990 la Asamblea General de las Naciones Unidas designó el 1º de octubre como
Día Internacional de las Personas de Edad, en seguimiento a las iniciativas
tales como el Plan de Acción Internacional de Viena sobre el Envejecimiento,
aprobado por la Asamblea Mundial sobre el Envejecimiento celebrada en 1982 y
respaldado, el mismo año, por la Asamblea General de las Naciones Unidas, el
cual se conmemora anualmente y tiene como objetivo reconocer la contribución de
las personas adultas mayores al desarrollo económico y social, así como
resaltar las oportunidades y los retos asociados al envejecimiento demográfico.
Durante los últimos 10
años, el envejecimiento de la población ha conducido a la introducción de
nuevas políticas y programas en las que el sector social ha ocupado un lugar
central.
Envejecimiento Demográfico
El Fondo de Población de
Naciones Unidas (UNFPA, por sus siglas en inglés) comenta que a partir de 1950
se inicia un crecimiento acelerado de la población mundial “provocado
principalmente por una reducción de la mortalidad en las regiones menos
adelantadas”; en este sentido, se
observa que el monto de la población aumentó entre 1950 y 2011 de 2.5 a 7 mil
millones de personas, lo que en términos porcentuales significa un crecimiento
anual de 1.66 por ciento[1]
De acuerdo con la UNFPA, en 2011, 11.2 por ciento de la
población mundial tiene 60 años o más, mientras que en las regiones más
desarrolladas alcanza hasta un 22.1%, aspecto que contrasta con la proporción
de adultos mayores (8.9%) que residen en la regiones menos desarrolladas.
2. El envejecimiento es un
proceso que marca la pérdida gradual en las capacidades motrices y
cognoscitivas de la persona y en función de estas pérdidas es que se estructuran
diversas etapas de desarrollo al interior de la vejez.
Ante ello, en la Conferencia Regional Intergubernamental
sobre Envejecimiento de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) se plantea la
necesidad de mejorar la atención e infraestructura de la seguridad social
(tanto en el ámbito de las pensiones como de salud); combatir la pobreza y la
desigualdad; velar porque ningún adulto mayor experimente discriminación en el
trabajo; que no sean víctimas de violencia y que sus redes familiares provean
los satisfactores necesarios para que no padezcan de carencia alguna. En
general, se debe mejorar la capacidad institucional para garantizar los
derechos de los adultos mayores.[2]
Como respuesta a lo anterior, muchos gobiernos en las economías
desarrolladas y en desarrollo han diseñado a modo experimental políticas
innovadoras relacionadas con los sistemas de salud, seguridad social o
bienestar.
También, han empezado a aparecer medidas legislativas
referidas a las personas de edad en ámbitos tan dispares como códigos de
construcción, otorgamiento de licencias y supervisión de centros de atención y
cursos de formación profesional.
Sin embargo, muchas de estas medidas son soluciones a corto
plazo que no resuelven el fondo del problema, pues en realidad se requiere
establecer una política proteja de manera integral y garantice el cumplimento
de los derechos de las personas adultas mayores, el respeto a su dignidad
humana, más aún si se contempla que la magnitud del problema será mucho mayor
en el mediano y largo plazos.
3. Las personas adultas mayores se enfrentan a diversas
problemáticas, en virtud de su especial condición y por las barreras sociales,
tales como discapacidad, falta de oportunidades laborales, carencia de
servicios de salud entre otros.
Por ejemplo, la discapacidad se plantea como una condición de
vida más latente de presentarse en el futuro. Ello debido, por un lado, a que
la población está envejeciendo y el riesgo de adquirir alguna discapacidad se
incrementa y, por el otro, a que el aumento mundial de enfermedades crónico
degenerativas (como la diabetes, las enfermedades cardiovasculares, el cáncer y
los trastornos de salud mental), pueden derivar en una alta probabilidad de
ocasionar alguna discapacidad.
En México, el Censo de 2010 del Instituto Nacional de
Estadística y Geografía señala que del total de población de 60 a 84 años, el
23.8 por ciento tiene discapacidad, mientras que entre la población de 85 años
y más el porcentaje se incrementa significativamente, de modo que tres de cada
cinco personas de este grupo de edad registra esta condición (58.7 por ciento).[3]
Por otro lado, en el ámbito laboral hay personas adultas mayores
que aún se insertan en el mercado laboral por una decisión voluntaria asociada
con el deseo de seguir realizándose como persona, en tanto que otros están
sujetos a la necesidad de un ingreso suficiente, ya sea por falta de
prestaciones sociales o porque los montos en las jubilaciones y pensiones son
reducidas.
De acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo
(ENOE), durante el segundo trimestre de 2012 la tasa de participación económica
de la población de 60 años y más es de 34.9 por ciento y su comportamiento por
edad y sexo indica que disminuye conforme avanza la edad.[4]
En el tema de pobreza de acuerdo con la medición
multidimensional de la pobreza en México realizada por el Consejo Nacional de
Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) en 2010, se estimó que
5.2 millones de adultos de 60 y más años se encontraban en situación de
vulnerabilidad respecto a algún factor de pobreza, lo que equivale al 46.7 por
ciento de este grupo poblacional.
Asimismo, según la intensidad y profundidad de la pobreza
multidimensional, el CONEVAL estimó que
en 2010, 11.3 por ciento de los adultos de 60 años y más se encuentra en pobreza
multidimensional extrema; es decir, 1.3 millones de adultos mayores pertenecen
a hogares que aun al hacer uso de todo su ingreso en la compra de alimentos, no
puede adquirir lo indispensable para tener una nutrición adecuada y presentan
al menos tres carencias sociales de las seis incluidas en el cálculo del Índice
de privación social.[5]
4. En el plano internacional, la perspectiva de velar y
proteger los derechos de las personas adultas mayores a través de instrumentos,
normas y lineamientos no es el óptimo. Ciertamente, contrario a lo que acontece
con otros grupos considerados especiales o en situación de vulnerabilidad como
niñas y niños, personas con discapacidad, indígenas o mujeres víctimas de trata
y violencia, en el caso de las personas adultas mayores sólo existen algunas
conferencias que mencionan una serie de principios y lineamientos sobre la
perspectiva de las políticas públicas y su debida atención, documentos que no
son vinculantes y su obligatoriedad y fuerza se basa más en el aspecto moral y
político de los Estados.
Actualmente se cuenta con
importantes instrumentos jurídicos en torno a la protección de los derechos
humanos; por ejemplo, la Convención sobre los Derechos del Niño es sin duda el
tratado internacional más importante, aunque también destacan el Convenio de la
Haya sobre la Protección de los Niños y la Cooperación en Materia de Adopción
Internacional; la Convención de la Haya sobre los Aspectos Civiles del
Secuestro Internacional de Niños; la Convención de la Haya sobre Jurisdicción,
el Derecho Aplicable, el Reconocimiento, la Ejecución y la Cooperación en
materia de Responsabilidad Parental y Medidas para la Protección de los Niños,
así como la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad por
mencionar algunos.
Tratándose del respeto de
las personas adultas mayores, los esfuerzos más significativos sobre la
perspectiva de derechos humanos datan en principio en el Plan de Acción
Internacional de Viena sobre el Envejecimiento, aprobado en la Asamblea Mundial
sobre el Envejecimiento, celebrada en 1982.
Asimismo, tenemos, Los
Principios de las Naciones Unidas en favor de las Personas de Edad, aprobados
en 1991, los Objetivos mundiales sobre el envejecimiento para el año 2001,
fijados en 1992, y la proclamación sobre el Envejecimiento, de ese mismo año,
siguieron fomentando la concienciación internacional sobre las necesidades
esenciales para el bienestar de las personas de edad.[6]
Otro de los instrumentos
relevantes es el Plan de Acción Internacional de Madrid que incluye diversas
cuestiones de manera muy general: la igualdad de oportunidades laborales para
todas las personas de edad, programas que permitan a todos los trabajadores
adquirir protección y seguridad sociales, incluidos, en su caso, pensiones,
seguros por discapacidad y prestaciones sanitarias así como ingresos mínimos
suficientes para todas las personas de edad, con particular atención a los
grupos desfavorecidos desde el punto de vista social y económico.
Igualmente, contempla la importancia de la formación
continua, la orientación profesional y los servicios de contratación entre
otras cosas para mantener una capacidad funcional máxima y mejorar el
reconocimiento público de la productividad y las contribuciones de las personas
de edad.
5. Los referidos
instrumentos internacionales de derechos humanos contienen numerosas
obligaciones implícitas para con las personas de edad, aunque carecen de disposiciones
concretas centradas en ellos.
En ese sentido, se considera necesaria la creación de un
marco jurídico internacional que sea susceptible de vinculación con el fin de
que la comunidad internacional, los gobiernos de los países y en general la
sociedad; resguarde, proteja y respete los derechos humanos de las personas
adultas mayores bajo una serie de lineamientos y principios que rijan a favor de
este tan importante sector de población.
Así, en el marco del Día
Internacional de las Personas de Edad cuyo tema es “El futuro que queremos: lo que dicen las personas mayores” y en
virtud de las situaciones actuales que enfrentan, estamos convencidos de que México
debe seguir a la vanguardia impulsando la creación de importantes tratados
sobre Derechos Humanos en materia de personas adultas mayores, que los ubiquen como
sujetos de las políticas públicas y de derechos como estrategia para dejar de
formar parte del concepto de grupos vulnerables, ante lo cual es trascendente
poder reconocer las diferencias existentes de este grupo social con otro y las
necesidades específicas a ser cubiertas; aclarando que es vital tomar en cuenta
la diversidad que existe dentro de este grupo para legislarlo y no cometer el
error de considerarlo como homogéneo.
Por todo ello,
consideramos necesaria la creación de una Convención amplia e integral que
además de establecer medidas tendientes a la protección de los derechos de las
personas adultas mayores, dicte como algunos de sus principios: la
independencia, atención, autorrealización, dignidad y participación.
Una Convención que integre
y respete las directrices internacionales en materia de envejecimiento mediante
una política basada en la creación de un entorno económico, político, social,
cultural y jurídico para las personas adultas mayores que fomente su
autorrealización.
Por lo anteriormente descrito, y con
fundamento en lo dispuesto en las disposiciones señaladas, someto a
consideración el siguiente:
PUNTO DE ACUERDO:
UNICO.- La Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión exhorta
respetuosamente al Ejecutivo Federal para que analice la pertinencia de
solicitar y promover ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU) la
elaboración de una Convención amplia e integral en materia de derechos humanos de
las personas adultas mayores.
Salón de Sesiones de la Cámara de Senadores a 3 de octubre de
2013.
SENADORA HILDA ESTHELA
FLORES ESCALERA.
[1] Fondo de Población de Naciones Unidas (UNFPA). Estado Mundial de la
población 2011.
[2] CEPAL. Estrategia
regional de implementación para América Latina y el Caribe del plan de acción internacional
de Madrid sobre el envejecimiento.
http://www.eclac.org/cgibin/getProd.asp?xml=/publicaciones/xml/8/19608/P19608.xml&xsl=/celade/tpl/p9f.xsl&base=/celade/tpl/top-bottom.xsl
[3] Organización
Mundial de la Salud [OMS], Banco Mundial [BM] (2011). Resumen. Informe mundial
sobre la discapacidad.
http://www.who.int/disabilities/world_report/2011/summary_es.pdf,
[4] INEGI. Los adultos mayores en México. Perfil
sociodemográfico al inicio del siglo XXI.
[5] INEGI, MCS-ENIGH
2010, Con base en la metodología del CONEVAL sobre el cálculo multidimensional
de la pobreza en México
[6] ONU. Normativas
relativas a los derechos de las Personas de Edad.
Boletín
Senadora Hilda Esthela Flores Escalera
BOLETÍN RESPECTO DE LA PROPOSICIÓN CON
PUNTO DE ACUERDO EN RELACIÓN A LA
CONMEMORACIÓN DEL DÍA INTERNACIONAL DE LAS PERSONAS DE EDAD.
México,
D. F., a 3 de octubre de 2013.
La Senadora del
Partido Revolucionario Institucional Hilda Flores Escalera presentó en el
Senado de la República un Punto de Acuerdo en el que exhorta respetuosamente al
ejecutivo federal para que analice la pertinencia de solicitar y promover la
elaboración de una convención amplia e integral en la materia de los derechos
humanos de las personas adultas mayores.
La legisladora
mencionó que en el tema de pobreza de acuerdo con la medición multidimensional
de la pobreza en México realizada por el Consejo Nacional de Evaluación de la
Política de Desarrollo Social (CONEVAL) en 2010 se estimó que 11.3 por ciento
de los adultos de 60 años y más se encuentra en pobreza multidimensional
extrema; es decir, 1.3 millones de adultos mayores pertenecen a hogares que aun
al hacer uso de todo su ingreso en la compra de alimentos, no puede adquirir lo
indispensable para tener una nutrición adecuada y presentan al menos tres
carencias sociales de las seis incluidas en el cálculo del Índice de privación
social.
Al mismo tiempo
hizo alusión a que en el ámbito laboral, de acuerdo con la Encuesta Nacional de
Ocupación y Empleo (ENOE), durante el segundo trimestre de 2012 la tasa de
participación económica de la población de 60 años y más es de 34.9 por ciento
y su comportamiento por edad y sexo indica que disminuye conforme avanza la
edad.
La Presidenta de la
Comisión de Atención a Grupos Vulnerables en el Senado de la República expresó la
perspectiva de velar y proteger los derechos de las personas adultas mayores a
través de instrumentos, normas y lineamientos no es nada alentador.
De acuerdo a las
cifras presentadas en el Censo del 2010 realizado por el Instituto Nacional de
Estadística y Geografía, el total de personas de 60 años y más es de 10.1
millones lo que representa 9% de la población total.
La Senadora destacó
que México debe seguir a la vanguardia impulsando la creación de importantes
tratados sobre Derechos Humanos en materia de personas adultas mayores, que los
ubiquen como sujetos de las políticas públicas y de derechos como estrategia
para dejar de formar parte del concepto de grupos vulnerables, ante lo cual es
trascendente poder reconocer las diferencias existentes de este grupo social
con otro y las necesidades específicas a ser cubiertas; aclarando que es vital
tomar en cuenta la diversidad que existe dentro de este grupo para legislarlo y
no cometer el error de considerarlo como homogéneo.
Finalmente subrayó,
es necesaria la creación de una Convención amplia e integral que además de
establecer medidas tendientes a la protección de los derechos de las personas
adultas mayores, dicte como algunos de sus principios: la independencia,
atención, autorrealización, dignidad y participación que integre y respete las
directrices internacionales en materia de envejecimiento mediante una política
basada en la creación de un entorno económico, político, social, cultural y
jurídico para las personas adultas mayores, fomentando su autorrealización.
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