martes, 8 de septiembre de 2015

PROPONE HILDA FLORES QUE LA COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS VIGILE QUE LAS POLÍTICAS DIRIGIDAS A NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES INDÍGENAS GARANTICEN EL RESPETO DE SUS DERECHOS HUMANOS


 COMUNICADO DE PRENSA
44/2015

México D.F. a 8 de septiembre 2015


  • Urgente que se diseñen políticas que promuevan los derechos de la niñez y adolescencia indígena.

De acuerdo con estimaciones del Fondo para la Infancia de las Naciones Unidas (UNICEF), en América Latina hay 18 millones de niñas, niños y adolescentes indígenas, de los cuales más de 4.4 millones se encuentran en México y quienes lamentablemente constituyen la población con mayores carencias y el menor grado de cumplimiento de sus derechos fundamentales, establece la Senadora Hilda Flores Escalera.

Por citar un ejemplo, agrega la Legisladora Coahuilense, la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2012 menciona que la probabilidad de morir durante los primeros cinco años de vida es mayor en aquellas zonas que tienen población indígena (53 por cada mil nacidos vivos) que en aquellas donde no hay población indígena (25 por cada mil nacidos vivos).

Ante estos hechos, señala la también Secretaria de Mesa Directiva, el Comité de  los  Derechos del  Niño emitió el pasado 5 de junio las Recomendaciones correspondientes a México, en donde establece como una de sus preocupaciones que la niñez indígena continúa sufriendo discriminación y violencia, además de ser los más afectados por la pobreza extrema, la desnutrición, la mortalidad materna-infantil, los matrimonios infantiles, el embarazo precoz y la contaminación, así como la falta de acceso a educación de calidad y de servicios de registro civil.



Por lo anteriormente expuesto y en virtud de que la es la instancia de consulta  e interlocución con los pueblos y comunidades indígenas, Flores Escalera promueve que la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas tenga entre sus atribuciones verificar el establecimiento del interés superior de la niñez en las acciones gubernamentales como una medida para garantizar los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes indígenas.
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