miércoles, 8 de abril de 2015

Derecho a una Escuela Libre de Violencia



Participación de la senadora Hilda Flores Escalera durante las Audiencias Públicas  “El derecho a una escuela libre de violencia”, realizadas en el Senado de la República,  el miércoles 8 de abril de 2015



Buenos días tengan todas y todos ustedes. Les reitero la bienvenida a la Ronda de Audiencias Públicas “El Derecho a una vida libre de violencia”; y especialmente a esta primer mesa donde hablaremos de los avances de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.
Saludo con afecto al senador Juan Carlos Romero Hicks, presidente de la Comisión de Educación en el Senado, así como a los secretarios e integrantes de la misma; sin duda, todos comprometidos para consolidar un marco jurídico que prevenga, atienda y erradique los casos de violencia escolar, que son tan lamentables y preocupantes.
También aprovecho el uso de la voz para saludar a la Sra. Isabel Crowley, representante de Unicef en México, y como siempre reconocer su colaboración permanente con el Senado de la República. Además de agradecer a todas y todos los ponentes de este día por sus aportaciones que seguramente serán muy valiosas para nuestro quehacer legislativo.  
Permítanme presentar a los especialistas que nos honran con su participación en esta mesa:
·     Ing. Alberto Curi Naime. Subsecretario de Educación Básica de la Secretaría de Educación Pública.
·     Dra. Mónica González Contró. Investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México.
·     Lic. Juan Martín Pérez García. Director Ejecutivo de la Red por los Derechos de la Infancia en México.
Muchas gracias por estar aquí, por compartirnos su amplia experiencia y sobre todo por participar activamente desde sus respectivas áreas para que  los derechos de las niñas, niños y adolescentes en México sean respetados a cabalidad.
Antes de ceder el uso de la voz a nuestro primer ponente, quiero destacar la trascendencia de esta mesa de trabajo. Como sabemos, con base en una iniciativa preferente del Presidente Enrique Peña Nieto, el pasado 5 de diciembre de 2014 entró en vigor la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes; una ley de vanguardia con la que iniciará una nueva historia para todas y todos ellos.
Esta Ley busca que los derechos propios de su edad sean garantizados; entre ellos, por supuesto, el derecho a una educación de calidad, a la que deben acceder los casi 40 millones de niñas, niños y adolescentes de nuestro país.
El apartado relativo al Derecho a la Educación es muy amplio y completo; y comprende además de aspectos fundamentales como la gratuidad, acceso e inclusión, la consolidación de ambientes libres de violencia en las instituciones educativas; reconoce como uno de los fines de la educación promover la paz y la no violencia en cualquier tipo de sus manifestaciones
Al respecto, determina que las autoridades de los tres órdenes de gobierno tienen el deber de fomentar la convivencia escolar armónica y la generación de mecanismos para la discusión, debate y resolución pacífica de conflictos; establecer una instancia para prevenir, atender y canalizar los casos de violencia en contra de niñas, niños y adolescentes que se suscite en los centros educativos; y elaborar protocolos de actuación sobre situaciones de acoso o violencia escolar.
Y, finalmente determina que corresponde a las autoridades en la materia diseñar estrategias y acciones para la detección temprana, contención, prevención y erradicación del acoso o la violencia escolar; desarrollar actividades de capacitación para servidores públicos y para el personal administrativo y docente.
Establecer mecanismos gratuitos de atención, asesoría, orientación y protección de niñas, niños y adolescentes involucrados en una situación de acoso o violencia escolar, y establecer y aplicar las sanciones que correspondan a quienes realicen, promuevan, propicien, toleren o no denuncien actos de acoso o violencia escolar.
En resumen, esta Ley abarca  las principales acciones que deben emprenderse para prevenir y atacar esta lamentable situación a la que se enfrentan millones de niñas y niños en México, especialmente cuando viven con alguna discapacidad.
Sin más preámbulo y convencida de que las escuelas tienen que volver a ser comunidades de convivencia pacífica y de respeto, tolerancia y no discriminación,   para lo cual la sociedad, gobierno y academia tenemos que hacer un frente común.
Muchas gracias. 

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