Senadora Hilda Esthela Flores Escalera
Discurso respecto de la Iniciativa con
Proyecto de Decreto por el que se reforman
diversas disposiciones de la Ley General
para la Inclusión de las Personas con
Discapacidad y de la Ley General de
Educación
Senado de la República, Salón de Sesiones
México D.F. a 4 de diciembre de 2012
El Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI) en su Censo
2010, señala que existe una importante disparidad entre la población sin
y con discapacidad en cuanto a la materia de educación se refiere, pues
mientras 56 por ciento de las personas en edad escolar sin discapacidad
asisten a la escuela, sólo lo hacen el 45 por ciento de la población con
Asimismo, el INEGI menciona que en cuanto al promedio de escolaridad
o los años aprobados que alcanza la población, se observa que mientras
la población sin discapacidad de tres años y más tiene un promedio
ligeramente superior a 7 grados aprobados, la población con discapacidad
apenas alcanza 4.5 grados.
En ese sentido, la Convención sobre los Derechos de las Personas
con Discapacidad establece en su Artículo 24 que los Estados Partes
asegurarán un sistema de educación inclusivo a todos los niveles
así como la enseñanza a lo largo de la vida con miras a desarrollar
plenamente el potencial humano y el sentido de la dignidad y la
En México, la Ley General para la Inclusión de las Personas con
Discapacidad establece en su Artículo 2, Fracción XI, qué se deberá
entender por educación especial, la cual está destinada a individuos con
discapacidad transitoria o definitiva, así como a aquellos con aptitudes
sobresalientes, atendiendo a los educandos de manera adecuada a sus
propias condiciones, con equidad social incluyente y con perspectiva de
género, con lo que no se cubre cabalmente el requisito mínimo en cuanto
a educación se refiere y más aún, se contempla un grupo poblacional
distinto al objeto de la Ley.
Asimismo, establece en la Fracción XII del mismo Artículo 2, que la
educación inclusiva es aquella que propicia la integración de personas
con discapacidad a los planteles de educación básica regular, mediante
la aplicación de métodos, técnicas y materiales específicos.
Por su parte, la Ley General de Educación señala en su Artículo 41 que
la educación especial está destinada a personas con discapacidad,
transitoria o definitiva, así como a aquellas con aptitudes sobresalientes.
Como se lee, la Ley especialista en materia educativa no contempla
como una modalidad a la “educación inclusiva”, situación que se
aleja del espíritu de la Convención y del respeto del derecho íntegro
de las personas de este sector poblacional, pues no se les garantiza
una inclusión en el sistema educativo y se unifican dos grupos con
necesidades totalmente distintas, por lo que es necesario adicionar una
modalidad específica para cada uno de ellos.
Es así, que surge la necesidad de hacer una serie de reformas a
la legislación nacional, pues el marco jurídico mexicano carece de
una precisión para ambos sectores y no cumple con la característica
“inclusiva” que deben guardar las acciones en favor de las personas con
discapacidad y que consta de establecer mecanismos de integración,
aceptación y funcionamiento para unirnos como una misma sociedad
entendiendo y adoptando las características y necesidades de cada
sector poblacional.
En virtud de ello, se concluye la necesidad de eliminar de la Ley en
materia de derechos de las personas con discapacidad el concepto de
“educación especial”, pues es un término completamente alejado del
espíritu del instrumento internacional señalado y sobre todo, del pleno e
íntegro respeto de los derechos de las personas con discapacidad.
Asimismo, es necesario que en la Ley General de Educación se delimite
perfectamente el tipo de educación o modalidad que debe atender
las necesidades de sectores poblacionales que requieran atención
especializada, tal es el caso de las personas con discapacidad y
personas con actitudes sobresalientes, pues tener a los dos sectores
en la misma modalidad educativa resulta contraproducente para ambos
debido a que tienen características totalmente diferentes, lo que genera
que no se desarrollen sus capacidades hasta el máximo.
Senadoras y Senadores:
Lo señalado a lo largo del presente, representa una desventaja para las
personas con discapacidad que potencializa su segregación y aleja la
conformación de una sociedad con perspectiva de igualdad, respetuosa
de los derechos humanos de todas las personas, por lo que los invito
a que se sumen a esta Iniciativa que tiene como objetivo promover la
instauración de los mecanismos para el acceso de las personas con
discapacidad a una educación adecuada.
Por su atención, muchas gracias.
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